Nuevo Código Civil: puntos a tener en cuenta con la reforma

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El Deber de información ya no se presume conocido por todos. En  materia  de  responsabilidad  civil  se  introduce  la  unificación  de  la  responsabilidad contractual y la extracontractual. Se deroga la prescripción decenal prevista en la responsabilidad contractual y la bienal para la extracontractual, entre otras reformas que se detallan a continuación.

  1. Deber de información

El Deber de información ya no se presume conocido por todos. En base a lo dispuesto en el artículo 42 y 1100 CCC y el art. 4 LDC, la compañía de seguros deberá informar al consumidor todas aquellas normas que aplicará en el hipotético caso de la producción de un siniestro y de no hacerlo ante la ocurrencia del mismo ya no podrá alegarlo (ej. Prorrata, reticencia, agravación del riesgo, etc.).

  1. La Responsabilidad Civil se unifica

En  materia  de  responsabilidad  civil  se  introduce  la  unificación  de  la  responsabilidad contractual y la extracontractual que en el sistema vigente resultan sistemas independientes (art. 1716).

Se dispone que cualquier acción u omisión que cause daño a otro resultará antijurídica sino está  justificada  (art.  1717);  señalando  que  serán  causales  de  justificación  la  legítima defensa, el estado de necesidad, y el ejercicio regular de un derecho (art. 1718).

Se incorpora el deber de prevención del daño. Hasta ahora, este deber se aplicaba en el ámbito de los riesgos del trabajo, pero a partir del 1 de agosto y con la entrada en vigencia del nuevo código, se hace extensivo a todos los ciudadanos. «Toda persona tiene el deber, en cuento de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño», dice la norma, entre otras cosas.

«El cumplimiento de esa obligación de prevención, ¿va a estar a cargo del asegurador? ¿Se va a cubrir este deber en las nuevas pólizas de RC? ¿En qué medida?», es lo que se preguntan todos y por ahora no hay una respuesta unificada.

Por  su  parte  la atribución  de  un  daño  al  responsable  podrá  basarse  en  factores  objetivos  o subjetivos (culpa y dolo), siendo que en ausencia de normativa el factor de atribución será subjetivo (art. 1721).

Será  objetivo  el  factor  de  atribución  cuando  la  culpa  resulte  irrelevante  a  los  efectos  de atribuir  responsabilidad;  debiendo  el  responsable  acreditar  la  existencia  de  causa  ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722).

Regula  que  el  daño  que  provenga  por  el  vicio  o  riesgo  de  las  cosas  o  de  las  actividades riesgosas  o  peligrosas  por  su  naturaleza,  siendo  la  responsabilidad  de  carácter  objetivo  (art. 1757) y serán responsables el dueño o guardián, salvo que acrediten su uso en contra de su voluntad (art. 1758).

Dentro de dicho régimen quedan comprendidos los daños que provengan por la circulación de vehículos (art. 1769).

Como  causales  de  liberación  de  la  responsabilidad  el  hecho  de  la  víctima  (art.  1729);  el caso  fortuito  es  decir  aquel  hecho  que  no  ha  sido  posible  ser  previsto  o  no  ha  podido  ser evitado (art.1730); o de un tercero (1731).

Por su parte se sostiene el concepto de reparación plena, requiriendo, en caso de lesiones, la determinación  de  un  capital  para  que  sus  rentas  cubran  la  disminución  de  la  aptitud  del perjudicado  para  realizar  actividades  productivas  y  que  se  agote  al  término  de  un  plazo razonable (art. 1746).  

Se precisa la lista de daños que deben ser resarcidos. El daño comprende la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante, la pérdida de chances, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima (el derecho a la honra y al buen nombre, entre otros), de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas (lo que antes se denominaba daño moral… el dolor y la angustia, por ejemplo) y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida.

Hay quienes, dentro del ámbito del seguro dicen que: «Las pólizas de RC deberán ajustar, de mínima, sus sumas aseguradas. Habrá que ver cómo recogen las aseguradoras esta modificación».

Respecto  de  la  indemnización  de  consecuencias  no  patrimoniales,  se  encuentra  legitimado el  damnificado  directo.    Si  del  hecho  resulta  su  muerte  o  una  grave  incapacidad  se encuentran  legitimados  los  ascendientes  y  descendientes,  el  cónyuge  y  quienes  convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible (art. 1741).

3) Prescripción

Se deroga la prescripción decenal (10 años) prevista en la responsabilidad contractual y la bienal (2 años) para la extracontractual. Se regula un plazo genérico de 5 años a excepción de que otra norma disponga una prescripción distinta, como en el caso de la Ley de Seguros que es el de un año previsto en el art. 58 de la misma.

La acción de daños prescribe a los 3 años, esto quiere decir que para gestionar un reclamo por daños y perjuicios como tercero damnificado el plazo se extiende.

Con siete años menos en la prescripción, las coberturas de RC Médica con cláusulas claims made (diseñadas oportunamente para acotar el tiempo que pasa entre el hecho generador del daño y la presentación del reclamo, en el marco de la prescripción de los reclamos de diez años) ya no tendrán el sentido que tienen.

  1. Capitalización de Intereses

Con las modificaciones impuestas en la reforma la misma se regula desde la notificación de la demanda, entre otros supuestos. Por tanto es de destacar que los montos por indemnizaciones de daños y perjuicios se incrementaran notablemente, debiendo toda aseguradora recalcular sus reservas técnicas de seguros pendientes.

  1. Con respecto a la capacidad de las personas

Debemos destacar las modificaciones al régimen de la capacidad de las personas, clave para el momento de la contratación del seguro y en la instancia de la resolución del siniestro.

  • El “viejo código” que se caracterizaba por un  sistema de categorías rígidas es abandonado por una normativa que invita a acercar la solución jurídica al caso concreto, dando a los jueces la potestad de establecer el grado de incapacidad siendo la incapacidad total una excepción.
  • Así los menores ya no están privados de total capacidad de decidir y deben estar informados acorde a su madurez de los actos trascendentes, como podría ser la contratación de un seguro sobre su vida en un menor mayor a 14 años.
  • A su vez, los ajustes en el régimen de la sociedad conyugal tienen efectos en algunas situaciones antes dejadas a la incertidumbre: se establece, que el cobro de un seguro por la muerte del cónyuge es considerado un bien propio. Permanece la duda sobre qué ocurre cuando uno de los cónyuges es acreedor del beneficio de un seguro de vida donde el asegurado era una persona distinta a su cónyuge. Sin embargo, el CCC invita a la interpretación sobre que son propios los bienes recibidos a título gratuito.

En el próximo boletín, se hablará de los nuevos Seguros Patrimoniales Obligatorios y de los cambios en el Seguro de Vida.